ESTADO, SOCIEDAD Y FAMILIA

Cuando la familia está en crisis, se afecta la sociedad y el Estado en general. Concluimos así, que la familia es la base de la sociedad; que la sociedad es la comunidad que habita en un territorio regido por una forma de gobierno y que el Estado es el cuerpo político de la Nación, constituido por el conjunto de instituciones soberanas que garantizan relaciones pacificas, individuales, sociales y políticas de la población que constituye la Nación.

Nuestro Estado Ecuatoriano se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada, según el art. 1 de la Constitución, que además dispone que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.”

En consecuencia, es responsabilidad del Estado a través de las autoridades competentes, la protección a la familia como núcleo de la sociedad; y, el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales a favor de todas las personas; con prioridad para las que se encuentran en situación de desventaja. En sí, los servidores o servidoras públicas, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, están obligados a la aplicación directa é inmediata de las normas constitucionales é instrumentos internacionales, en la protección de los derechos y garantías de todas las personas.

Usted amig@ lector, debe conocer que la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas o empleados públicos en el desempeño de sus cargos, debe ser demandada, pues el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares, y el Estado ejercerá el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas, art. 10 # 9 de la Constitución.

Entre las violaciones a los derechos de los particulares, se consideran la detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.

Pero que pasa, cuando existe sentencia ejecutoriada en contra de una institución del Estado, y sus funcionarios realizan incidentes para evitar el pago? La Constitución dispone que, “Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.

Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley.” Señores Jueces y Juezas, constitucionalmente, están obligados aplicar el Art. 86 # 4 de la Constitución de la República.

(*) Presidenta de la Fundación “Nuevos Horizontes”